Copei rechaza la solicitud de Ley Habilitante por parte del Gobierno

(Prensa Copei)

El secretario general de Copei, Jesús Alberto Barrios, rechazó la petición de Ley Habilitante que realizará ante la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro, porque considera que el Gobierno “tiene todos los instrumentos jurídicos para atacar la corrupción administrativa”.

A su juicio, el Gobierno busca distraer a la opinión pública venezolana, “ante la corrupción escandalosa de ellos y el colapso económico producto de la imposición de un modelo en el país”. Recordó que la Ley Anticorrupción, aprobada en el 2003, no se ha puesto en práctica.

“No han querido designar a través de la Asamblea Nacional al nuevo Contralor General de la República. El Gobierno golpea a todos los frentes, a los medios de comunicación, le prohíben que se hable de escasez, expulsa los diplomáticos, buscan al diputado 99 a través de la manipulación”, manifestó el representante de Copei.

Exhortó al Gobierno a investigar el otorgamiento de 15 mil millones de dólares por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a presuntas empresas fantasmas. “La comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional no investiga ésta situación”.

Aseguró que la administración del país, maneja el 90% de los recursos que ingresan a Venezuela y “los fondos paralelos, que los crearon para evadir el control constitucional. Ante esa situación no es sincera ni responsable por parte del presidente solicitar la habilitante, porque no tiene fundamento”.

Fue enfático al señalar, que el modelo económico que “impuso el Gobierno” es responsable de la crisis económica y la merma de la producción nacional. “No se va a resolver mediante decretos presidenciales la crisis, porque no es una crisis coyuntural, es estructural y el Gobierno tiene todos los elementos para acabar con esto”.

Recordó que Copei ha tratado el tema de la corrupción “con responsabilidad”, con la creación de la Comisión Anticorrupción, que ha sido asesorada por el ex contralor, Eduardo Roche Lander, la ex magistrada Blanca Mármol de León, el jurista, Alberto Arteaga y distintos gremios sindicalistas y sociales para aportar soluciones al asunto. “Todos los expertos coincidieron en que no es necesaria una Habilitante porque el Gobierno cuenta con todo los instrumentos jurídicos”.